PERIÓDICO UNO SEIS

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LA JUSTICIA ORDENA LA PARALIZACIÓN DEL PÁRKING SUBTERRÁNEO

©Texto: Rueda de prensa del PP de Aranjuez (14 de abril), cubierta y transcrita por Mª del Carmen Merino

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 12 de Madrid, ha decidido suspender la aprobación del gobierno municipal de la construcción del aparcamiento subterráneo en la calle del Rey

El Magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 12 de Madrid, en un auto fechado el 8 de abril de 2010, sobre la solicitud de medidas cautelares respecto al procedimiento en que aparece como demandante la Comunidad de Madrid, y como demandado el Ayuntamiento de Aranjuez, ha decidido suspender como medida cautelar la resolución del gobierno municipal por la que se aprobó la construcción del aparcamiento subterráneo en la calle del Rey.

Fotografía: José Juan De Oro

Este auto se trata de un acto contundente pues el magistrado desmonta todos los argumentos del gobierno municipal sobre este asunto.

Cuando desde el PP se insistió para que no se llevase a cabo la tala de los árboles y exigió en aquel momento el cumplimiento de la primera resolución de la Dirección general de Urbanismo de la C.A.M., el primer teniente de alcalde Manuel Romero Barbosa, acusó a Mª José Martínez de hacer una oposición carroñera y de despojo. Y cuando el PP se concentró junto a los vecinos en la C/ del Rey, el mismo Romero Barbosa dijo que Mª José Martínez estaba haciendo el indio. ¿Opina ahora Manuel Romero Barbosa que es carroñero, de despojo y hace el indio el magistrado que ha tomado esta resolución?

Los hechos: ante la falta de aceptación por parte del alcalde y su equipo de gobierno municipal de lo dictado en las dos resoluciones de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, ésta decidió iniciar un proceso judicial ante la jurisdicción contenciosa administrativa de Madrid y con fecha del 28 de diciembre de 2009, en la que solicitó la adopción de medidas cautelares.

Conforme a la legislación vigente, la adopción de una medida cautelar en un procedimiento como el caso que nos ocupa se fundamenta en un presupuesto claro y evidente que es la existencia de ‘periculum in mora’ (perjuicios) y así el artículo 130-1 inciso segundo de la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa señala que la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso.

La adopción de una medida cautelar exige también una detallada valoración del interés general o de tercero. El artículo 130 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se reitera en que no obstante la concurrencia de la demora la medida cautelar podrá denegarse cuando ésta pudiera causar perturbación grave de los intereses generales o de tercero.

Para que se pueda adoptar una medida cautelar, el juez va a tener en cuenta dos cuestiones fundamentales: si no adopta la medida, el recurso contencioso administrativo perdería todo el sentido. Y por otro lado, aún teniendo en cuenta esto, lo que el juez debe hacer antes de adoptar la medida cautelar es valorar todos los intereses que están en juego, para al final determinar cuál es el interés que debe prevalecer.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la toma de decisión de una medida cautelar se permite al juez proceder a ponderar la solidez de los fundamentos jurídicos de la pretensión contenida en dicho recurso contencioso administrativo.

La vigente legislación permite que pueda decretarse en cualquier momento del procedimiento y en cuanto a la duración de la medida cautelar la legislación establece que puede adoptarse hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en que se haya acordado.

EL AUTO SEÑALA:

– La Comunidad de Madrid demandante de tutela cautelar alega que tiene encomendada la defensa de los intereses generales, en concreto, le compete la defensa de la legalidad urbanística conforme determina la Ley 9/ 2001 del suelo de la Comunidad de Madrid.

– Que sin interferir en la autonomía local de ese municipio debe velar por la salvaguarda del interés general, ya que el aparcamiento que se pretende construir se encuentra en la C/ del Rey en pleno casco histórico de Aranjuez.

– El acto impugnado es el acuerdo de la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Aranjuez de 21 de enero de 2009, por el que se aprueba el proyecto de aparcamiento subterráneo en la calle del Rey.

– La Comunidad de Madrid entiende que el proyecto de aparcamiento subterráneo vulnera el Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez de 1996.

– La obra a realizar, de llevarse a cabo, causaría un daño irreversible por cuanto no se trata de una construcción o edificación que pueda demolerse fácilmente, sino de excavaciones subterráneas de varias plantas para construir el aparcamiento bajo rasante.

– La finalidad del recurso consiste en el restablecimiento de la legalidad urbanística, que se vería conculcada si no se suspende el acto administrativo impugnado.

– El único perjuicio que se produciría para el Ayuntamiento sería el retraso en el tiempo, mientras que los daños producidos por la construcción del aparcamiento subterráneo en pleno casco histórico, que comportaría el corrimiento de tierras, excavaciones que alterarían la situación física del lugar y que supondría un daño irreparable para el entorno al Patrimonio Histórico y desde luego podría afectar a la legalidad urbanística.

– Si examinamos los intereses en conflicto, vemos cómo no sólo es preferente y prevalente el interés general de la Comunidad de Madrid en defensa de la legalidad urbanística, sino que no existe perturbación del interés del Ayuntamiento de Aranjuez, ya que se trata de un proyecto para construir un aparcamiento subterráneo en pleno casco histórico cuya ejecución ha sido adjudicada a la empresa Ferrovial-Agroman.

– Consiguientemente, no existe un interés general municipal afectado, y lo único que resultaría perjudicado con la suspensión es el interés económico privado de la empresa adjudicataria y, en su caso, la pérdida de los fondos percibidos por el Ayuntamiento con cargo al planning, pero que en modo alguno puede afectar a los intereses prioritarios que han de protegerse, que son el Patrimonio Histórico, el entorno y la propia legalidad urbanística.

– Ciertamente, si no se concede la suspensión interesada, el recurso contencioso administrativo perdería su finalidad legítima y los daños que podrían originarse podrían llegar a ser irreversibles.

– La realización de las obras del aparcamiento subterráneo en pleno Casco Histórico comporta el corrimiento de tierras, excavaciones a gran profundidad, instalaciones de vallado y alteran por completo la situación física del terreno y suponen un daño irreparable para el entorno del Patrimonio Histórico y desde luego a la legalidad urbanística.

– Como consecuencia de todo esto, el magistrado ha decidido suspender la ejecutividad de la resolución administrativa impugnada de 21 de enero de 2009 dictada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aranjuez, por la que se aprueba el proyecto de aparcamiento subterráneo en la calle del Rey.

Traducido esto, significa que se acepta la medida cautelar de la C.A.M. en base y una vez ponderados todos los intereses en juego y valorado también el perjuicio que se produciría en el caso de no adoptarse la medida, y determina por tanto la paralización de las obras.

Mª José Martínez quiso recordar que el alcalde negó que la Dirección General de Urbanismo fuese competente en esta materia, igualmente aseguró que se vulneraba la autonomía municipal, incluso llegó a dudar de que la C.A.M. interpusiese el recurso ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Todo esto y más, ha quedado desmontado por el auto del magistrado que acabamos de analizar. Si el alcalde y su equipo de gobierno municipal no se hubiesen mantenido en esa obsesión decisiva de incumplir la legalidad, nada de esto hubiera ocurrido. Si el alcalde hubiera tenido rigor, responsabilidad y capacidad de gobierno, hubiera elegido otro proyecto que dentro de los subvencionados por el Plan E se hubiese ajustado a la legalidad. Si esto hubiera sido así, ahora, todos los ribereños no tendríamos que estar sufriendo la irresponsabilidad y el empecinamiento de Jesús Dionisio Ballesteros.

Cuando la primera resolución de la Dirección General de Urbanismo llega a esta ciudad y aquella resolución determinó que se paralizara la tala de los árboles, entonces no estaba ni siquiera el agujero hecho y ni siquiera se había producido el atentado al arbolado, la tala que ese mismo día por decisión irresponsable del alcalde y del resto de su equipo de gobierno decidieron seguir adelante, acometerla y ejecutarla definitivamente.

Si en vez de esa actitud se hubiera reflexionado con mayor responsabilidad, se hubiera aceptado la resolución de la Dirección General de patrimonio Histórico y se hubiera sentado en la C.A.M. en el departamento correspondiente para tratar de aclarar en un despacho lo que ahora se está decidiendo en los tribunales, ninguno de los perjuicios presentes que están sufriendo los vecinos y los comerciantes, ni los que podamos sufrir en el futuro se habrían producido.

Por lo tanto, el único responsable de esta situación y de los perjuicios que ya se hayan producido, que se estén produciendo en este momento o que se produzcan en el futuro como consecuencia de esta decisión es de quien adoptó esa decisión, y esa cuestión solamente tiene un nombre y es el alcalde de Aranjuez, Jesús Dionisio Ballesteros.

Por lo tanto, sólo al alcalde habrá que apuntar la posible pérdida de una inversión en nuestra ciudad, si es que ésta se produce, porque ni él ni nadie está por encima de la ley. Y nunca debió mantener un proyecto en contra de las normas, en contra de las resoluciones de las instancias competentes, y además, seguramente incluso ocultando la realidad al propio gobierno de la nación.

Lo que Aranjuez necesita no es un gobierno como el que está encabezando Jesús Dionisio, sino un gobierno que no improvise, que ajuste sus decisiones a la ley y que no tenga a la ciudad permanentemente en los tribunales, y como referente negativo en los medios de comunicación nacionales.

Desde el Partido Popular entendemos que el alcalde debe obedecer la medida cautelar que le impone en este momento el juez de manera inmediata, porque tengo noticia que a esta hora de la mañana todavía continúan las obras.

La ejecutividad del auto solamente puede ser susceptible de un recurso de apelación en un plazo de 15 días, pero que aunque el gobierno municipal decida interponer ese recurso de apelación, las obras de ejecución del aparcamiento subterráneo deben mantenerse suspendidas hasta su resolución. Por lo tanto no hay excusa para que el alcalde cumpla ahora la orden judicial.<<

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Un comentario el “LA JUSTICIA ORDENA LA PARALIZACIÓN DEL PÁRKING SUBTERRÁNEO

  1. Pachón
    28/04/2010

    Muy elaborado el articulo. A mi lo que me da rabia es que han levantado toda una calle considerada como de las más emblemáticas de la localidad y ahora ni para uno ni para otros, la casa sin barrer…Creo que el dinero que se invirtió para realizar esta parking subterráneo, muy defendido por algunas voces que dicen que es para mejorar el tráfico y el aparcamiento de los bulevares, se podía haber empleado en otras cosas: como asfaltar correctamente las calles que levantan por otras obras (algunas dan pena), poner carriles bicis con dirección a algún destino… que por cierto: cuando en otros lugares, no ya de Europa, sino de España, se está implantando la bici como transporte, ¿la Villa de Aranjuez se empeña en ampliar la calzada?. ¡Carril bici ya para todos!

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